Violencia de género: hasta aquí no basta, arriesgándonos para dar un paso más

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Esta semana destaca en nuestras agendas un tema que nos duele a todos: la violencia contra la mujer. Es cierto que vivimos en sociedades en las que la violencia se manifiesta a diario de una forma u otra pero no es menos cierto que poco a poco se va avanzado en su erradicación.

Ya no aceptamos, ni en las escuelas ni en el ámbito familiar, que se maltrate a un menor aunque la intención sea la de reprender o educar. La discriminación, que es otro modo de violencia, tampoco es aceptable y, en términos generales, existe una Ley que ofrece un marco para la protección de la Mujer.

Precisamente el camino para esa ley fue largo y doloroso y algunas personas pagaron el precio más alto. El próximo 17 de diciembre hará 23 años del asesinato de Ana Orantes Ruiz de la mano de quien fue durante 40 años su torturador y el de sus 11 hijos. Una semana antes, ella había denunciado por enésima vez la violencia que había sufrido y que seguía sufriendo después del divorcio, en esa ocasión en un programa de televisión que provocó que la ira de ese hombre se convirtiera en una obsesión de matar y así lo hizo.

Era miércoles y rociándola con gasolina Ana fue quemada viva en el patio de su casa, pero esa agresión tocó el corazón de la sociedad y afectó a todos los españoles, conmocionados por la noticia que les llegaba a través de informativos y programas especiales. Las imágenes de Ana Orantes, denunciando a su agresor en la entrevista de la semana anterior y anticipando lo que le iba a ocurrir, fueron demoledoras para la conciencia social del país. De algún modo, la sociedad reconoció, demasiado tarde, que había hecho caso omiso del grito desesperado de una mujer que se sabía en peligro vital.

La responsabilidad traspasó las pantallas y caló en todos los hogares. Pocos meses después, se aprobó el primer Plan de Acción contra la Violencia Doméstica, dos años más tarde se produjo la modificación el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluyendo el delito de ‘’violencia psíquica ejercida con carácter habitual ‘’ y una ‘’nueva medida cautelar que permite el distanciamiento físico entre el agresor y la víctima” (Ley 14/1999). Finalmente, en el 2004 se aprobaba la Ley Orgánica de Medias de Protección Integral contra la Violencia de Género (1/2004).

Ese vuelco en nuestra conciencia colectiva no supuso, desgraciadamente, un final feliz aunque sí un punto de inflexión para que el maltrato y las muertes de las mujeres dejaran de entenderse como un ‘’mal cultural aceptable’’ o hechos aislados a ocultar como un ‘’secreto de familia’’ que hasta entonces quedaba entre las cuatro paredes del hogar.

Por otro lado, las Administraciones se vieron obligadas a destinar recursos para dar atención a las mujeres víctimas e invertir en campañas para la erradicación de la violencia. Por desgracia las inversiones son todavía hoy insuficientes.

La prostitución no está incluida como forma de violencia contra la mujer dentro del pacto del Estado, una contradicción patente que es el colmo de la hipocresía social y da argumento a quién se atreve a pedir su legalización

Son muchas cuestiones a tener presentes en un solo día pero si el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, debemos destacar algo, yo pondría en valor el recuerdo de las víctimas y buscaría el acicate para huir de la complacencia para que nuestras conciencias no descansen y sigamos exigiéndonos más compromiso porque los asesinatos y la violencia contra las mujeres siguen ahí.

El Estudi sobre la prostitució, la tracta i l’explotació sexual a les Illes Balears* del Instituto Balear de la Dona coordinado por la Universidad de las Islas Baleares y presentado el pasado día 29 de octubre nos proporciona datos escalofriantes y muy útiles como que la prostitución mueve en Baleares un negocio ilícito de más de 70 millones de euros al año; alrededor de 90.000 hombres pagan cada año para prostituir a mujeres; y, en 2020, hay unas 2.350 mujeres en situación de prostitución; 3 de cada 4 habían pasado por procesos infecciosos, 2 de cada 10 habían sido violadas y que casi el 70% temían la violencia por parte de sus prostituidores. La encuesta, parte de este estudio, revela un sinfín de datos más a cual más interesante y deja de manifiesto que la violencia sufrida por estas personas en situación de prostitución está presente en la práctica diaria.

El pacto de Estado contra la violencia de género define que la agresión sexual es un delito que consiste atentar con violencia e intimidación contra la LIBERTAD SEXUAL de una persona. Es una forma de violencia que incluye violación, acosos, abuso sexual o la tortura de la persona de forma sexual. Todas esas prácticas están incluidas en la realidad habitual dentro del sistema prostitucional.

Sin embargo, la prostitución NO está incluida como forma de violencia contra la mujer dentro del pacto del Estado, una contradicción patente que es el colmo de la hipocresía social y da argumento a quién se atreve a pedir la legalización de la prostitución. Además, los estudios realizados en los países en las que la prostitución es legalizada, aportan datos que confirman el aumento de las víctimas de trata, el abuso de menores, la violencia ejercida contra la mujer y la imposibilidad material de que la persona en situación de prostitución pueda vivir o recuperar mínimamente una vida normalizada y mucho menos la vida soñada, si ese fue el motivo de su prostitución por voluntad propia.

Somos una sociedad en permanente evolución y nos encontramos en un mundo convulso por infinidad de circunstancias pero nuestros principios y nuestra memoria nos deberían guiar para que en este nuevo punto de inflexión fuésemos capaces de asumir voz de las más vulnerables poniendo en las agendas públicas la prostitución y el debate sobre su abolición, porque las mujeres prostituidas quizás no lo harán por miedo a morir en las manos de sus agresores, como le ocurrió Ana Orantes.

*El estudio cuenta con una encuesta hecha a 239 personas en situación de prostitución: 255 mujeres, 7 hombres y 7 transexuales.  Indistintamente si la situación era obligada por otras personas. Se puede consultar en la página web del Ibdona y la presentación oficial está publicada en el canal YouTube del mismo instituto.

Anna Moilanen
Defensora de la Ciudadanía de la ciudad de Palma

Àrea privada